“CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO” - NO ES UN CUENTO

“Perú tiene un potencial para captar recursos por 4,000 millones de dólares a través de la emisión de certificados de reducción de emisión de carbono, indicó hoy la representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el país, Eleonora Silva.


Precisó que son 70 los proyectos de inversión identificados que representan el valor señalado, de los cuales 14 ya están registrados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer efectiva la captación de recursos financieros por este concepto.

El certificado de reducción de emisión de carbono es un compromiso que adquiere un proyecto de inversión pública o privada para aminorar el efecto invernadero en el planeta a través de la implementación de mecanismos de desarrollo limpio.

Los Certificados de Reducción de Emisiones (CER) pueden ser vendidos a los países que tienen obligaciones de reducción de la emisión de carbono, como los que firmaron el Protocolo de Kyoto (Japón) en 1997.

Silva indicó que la demanda mundial de reducción de gases contaminantes asciende a 4,500 millones de toneladas de carbono, y en la ONU ya se encuentran 1,000 proyectos registrados que significan una reducción de 1,000 millones de toneladas.

Por su parte, la ejecutiva principal de Medio Ambiente de la CAF, Mary Gómez, precisó que la tonelada de carbono se cotiza en los mercados internacionales entre ocho y 12 euros (12 y 18 dólares) en el mercado primario.

Asimismo, agregó que la tonelada de carbono en el mercado secundario bajo la modalidad de contratos a futuro se cotiza entre 11 y 14 euros (16 y 21 dólares) y en la modalidad spot (contratos puntuales) el cual aún es pequeño en 16 euros (24 dólares).

Explicó que el CER puede servir para que los inversionistas cuenten con un flujo de caja a futuro por este concepto que les ayude a recuperar parte de lo invertido.

En ese sentido, dijo que en Perú hay grandes posibilidades especialmente en los sectores de energía renovable, hidroeléctricas, gas natural, rellenos sanitarios, transporte público y proyectos de eficiencia energética en la industria.

Indicó que en agosto del 2007 Perú tenía registrado cinco proyectos para obtener los CER y a la fecha ya van 13, con una tendencia creciente.

Por otro lado, Gómez señaló que falta una mayor difusión de este mecanismo de financiamiento para las empresas y proyectos públicos, mediante el cual se puede lograr mayores ingresos.

Precisó que los CER pueden ser emitidos por períodos de diez años (en este caso por única vez y no renovable), y por períodos de siete años con posibilidad de renovarse tres veces hasta completar un plazo de 21 años.

Asimismo, dijo que esta posibilidad de financiamiento mediante los CER está asegurada hasta el 2012, año en el cual vence el Protocolo de Kyoto, y se espera que se asuman nuevos compromisos de reducción de gases a partir de esa fecha por las naciones industrializadas.

El Protocolo de Kyoto busca que en el período 2008 - 2012 se reduzca la emisión de gases contaminantes en 5.2 por ciento, tomando como línea base las emisiones de 1990.
Finalmente, manifestó que la CAF puede prestar el asesoramiento, financiación y evaluación de los proyectos tanto al sector privado como público, así como a la banca local que quiera participar en estos esquemas financieros".

Nota tomada de la Agencia Andina.

A ver si nuestras autoridades y profesionales de la Region se actualizan mas sobre el tema y podamos insertar componentes de Mecanismo de Desarrollo Limpio en proyectos de inversion pública y/o privada en San Martin.

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“LEYES DE LA SELVA” - ¿CUAL ES EL FONDO DEL ASUNTO?

En diversas instituciones de la región se están promoviendo debates públicos sobre los alcances e impactos de la Ley 28852 – “Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación, Agroforestería y Servicios Ambientales” así como su anteproyecto modificatorio 840 conocido como “ley de la selva” –que incrementa de 10 mil a 40 mil has. las tierras que pueden ser concesionadas-. Es bueno que se realicen estos debates pues permitirá a los diversos sectores de la región y público en general estar mejor informados acerca de este tema que muchos realmente desconocían –pueden leer directamente la ley o el anteproyecto en cuestión desde una cabina de internet entrando en la página web del Congreso de la República-.

Ojalá a través de esos debates en la región puedan salir propuestas coherentes y basados en el consenso de todos los sectores involucrados y que nuestros representantes y autoridades regionales hagan llegar las modificaciones y/o correcciones del caso a la próxima reunión prevista entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales que se llevará a cabo este fin de mes. Cabe aclarar nuevamente que la Ley de Inversión Privada en Reforestación promueve la concesión –no venta- de tierras desboscadas y/o eriazas para inversión en reforestación previo catastro de tierras que deberá realizarse en coordinación con los gobiernos regionales lo cual no compromete los derechos de propiedad adquiridos por las comunidades campesinas, algo que es positivo.

Sin embargo existen otras normas y anteproyectos de ley vinculados al tema como: La Ley 26505 “Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas” –promulgado durante el fujimorismo- que si habla de venta de tierras eriazas –entiéndase tierras del Estado de libre disponibilidad- cuyo texto dice “el Estado procederá a la venta de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública” –exceptuando las Áreas Naturales Protegidas- y añade “El Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera el libre acceso a la propiedad de las tierras, cumpliendo con las normas del derecho sustantivo que las regula” estos son los textos que generan polémica.

Se ha querido confundir la Ley de Inversión Privada en Reforestación con la Ley 26505.

Así mismo existen en el Congreso otros anteproyectos como la 1770 y la 1990 vinculados al tema de la formalización, titulación, registro y rectificación de predios rurales y de comunidades campesinas y nativas, tarea encargada a COFOPRI aunque se faculta a los Gobiernos Regionales ha realizar el reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas de su jurisdicción.

En la región San Martín se ha deforestado mas de 1.5 millones de has. y ni siquiera las “áreas protegidas” o “de protección” se salvan de la rampante deforestación causada por la agricultura migratoria, el trafico ilegal de tierras, el narcotráfico, negligencia de autoridades, etc.-.

Entonces no basta oponerse por oponerse, ni aún hacer modificaciones y/o correcciones del caso a tal o cual ley es suficiente: URGE TAMBIÉN UNA ADECUADA “POLÍTICA REGIONAL” DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN LAS TIERRAS DE NUESTRA REGIÓN PRINCIPALMENTE LA INVERSIÓN EN -O COMBINADA CON- ECOTURISMO, NEGOCIOS AGROFORESTALES O DE SERVICIOS AMBIENTALES CON POTENCIAL DE US 4 MIL MILLONES SÓLO EN CERTIFICADOS DE CARBONO, LO CUAL NO SÓLO PUEDE GENERAR EMPLEO Y DESARROLLO SINO QUE AL MISMO TIEMPO PUEDE AYUDAR A EVITAR QUE LA DEFORESTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS AVANCEN. Lamentablemente esa “política regional” no existe.

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LEY 28852 “INVERSIÓN PRIVADA EN REFORESTACION” - ¿SE JUSTIFICA EL PARO DEL FRECIDES?

El Frecides ha anunciado la realización de un “paro preventivo” para los días 17 y 18 de los corrientes: ¿Cuál es uno de los motivos?: Piden la derogatoria de la Ley 28852–incluido algunos anteproyectos de ley vinculados al tema de inversión privada en reforestación y los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas-.

En primer lugar quiero dejar en claro que respeto a las organizaciones sindicales aunque no necesariamente comparta con todos sus puntos de vista:

Permítanme dar una apreciación sobre la Ley 28852 o “Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería” que como indica su 1er Articulo busca promover la Inversión Privada -valga la redundancia – en Reforestación y Agroforestería y Servicios Ambientales.

El 2do Artículo indica que: el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública –para inversión privada en reforestación- tierras sin cubierta boscosa y/o eriazas. EN NINGUNA PARTE DEL TEXTO SE MENCIONA LA VENTA DE TIERRAS.

Las tierras que se adjudiquen vía concesión serán hasta de 10 mil has. y por un plazo de 60 años: En la Región San Martín se ha deforestado mas de 1.5 millones de has. y se continúa deforestando cada vez más debido entre otras causas a la agricultura migratoria destructora de bosques, AL TRAFICO ILEGAL DE TIERRAS, el narcotráfico etc.

Además la Ley indica que el Ministerio de Agricultura en coordinación con los gobiernos regionales determinará en forma previa al proceso de adjudicación el catastro de tierras para forestación y/o reforestación.

Y para los que pregonan que se quitarán las tierras a las comunidades campesinas o nativas, la ley incluye una cláusula que textualmente dice: “LA PRESENTE NORMA DE NINGUNA MANERA AFECTA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD ADQUIRIDOS POR LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DEL PAÍS”.

En líneas generales no veo ningún problema en promover la inversión privada –según el caso- en tierras desboscadas y/o eriazas para fines de negocios en reforestación, agroforestería y servicios ambientales y, francamente no encuentro nada malo en el texto de la Ley: LOS QUE BUSCAN EL PARO O NO HAN LEÍDO LA LEY EN CUESTION O ESTÁN DESINFORMANDO A LA POBLACIÓN.

Por un lado el Consejo Interregional Amazónico (CIAM) –que integra el GORESAM de César Villanueva- acordaron promover la inversión privada en la Amazonía en el campo forestal pero por otro lado el Frecides se opone ¿EN QUE QUEDAMOS?.

En todo caso el GORESAM mediante un catastro deberá determinar que tierras pueden ser adjudicadas para los efectos de la ley –y por supuesto no se comprometerán tierras de las comunidades campesinas o nativas-.

Y en cuanto a otros anteproyectos de ley vinculados al tema: son anteproyectos en debate y nuestros representantes y autoridades regionales podrán presentar las correcciones y modificaciones del caso en la reunión prevista este fin de mes entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales.

No satanizemos la gran inversión privada siempre que promueva el desarrollo sostenible: Necesitamos generar consensos pero sin perjuicios ideológicos así como se necesita orden, estabilidad, inversión y trabajo para crecer y ser competitivos.

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INCURSIÓN COLOMBIANA CONTRA LAS FARC: ECUADOR, VENEZUELA SE RASGAN LAS VESTIDURAS

El último Sábado una operación militar colombiana logró acabar con un campamento del grupo guerrillero y narcoterrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que increíblemente estaban refugiados e instalados como “Pedro en su casa” en un punto inhóspito y despoblado en el sector nororiental del Ecuador, a sólo dos kilómetros de la frontera colombia-ecuatoriana, en un área conocida como Sucumbios que –según algunos historiadores- perteneció anteriormente al Perú pero por el Protocolo de Rio de Janeiro de 1942 nuestro país convino en “entregarle” al Ecuador.

En la operación militar colombiana contra el campamento de las FARC falleció uno de sus mas importantes líderes y número 2 de la organización, Luis Edgar Devia Silva mas conocido con el alias de “Raul Reyes”.

Tras el operativo el ejercito colombiano se retiró del área y el Presidente Colombiano Alvaro Uribe comunicó el hecho a su par ecuatoriano Rafael Correa quien al principio tomó el hecho con comprensión y serenidad, pero luego el gobernante Ecuatoriano –influenciado por el locuaz líder venezolano Hugo Chávez- cambio bruscamente de reacción y armó una estruendo mediático con epítetos contra Uribe incluido.

Se sumó al pleito –como siempre- Hugo Chávez cuyo territorio no ha sido vulnerado un solo centímetro pero no se puede descartar en absoluto que miembros de las FARC se refugien en suelo llanero con la complacencia de Chávez que en simultáneo con Quito amenazan a Colombia que ya dio las explicaciones del caso y justifica la operación por la cual se dio un duro golpe a las FARC.

Alan García comete un grave error de política internacional al exigir a una nación amiga como Colombia mas explicaciones cuando esta ya lo dio y el gobierno peruano se parcializa con un gobierno ecuatoriano que permite que guerrilleros y narcoterroristas se instalen en la “soberanía ecuatoriana”.

Sin embargo, Ecuador y Venezuela han decidido echar mas leña al fuego y están exacerbando la tensión: Por lo pronto Chávez y Correa –que son gemelos ideológicamente- han roto por completo la relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano sino que además Quito y Caracas al enviar tropas y batallones de sus respectivos ejércitos a la frontera con Colombia se han puesto prácticamente con un “pie de guerra” contra Bogotá.

Las autoridades colombianas se han visto obligadas a revelar y denunciar públicamente –gracias a los documentos encontrados en el campamento intervenido- los nexos entre las FARC y los Gobiernos de Chávez y Correa: Se denuncia que Chávez financiaba con los petrodólares a las FARC –se habla de US$ 300 millones- y un ministro ecuatoriano reconoció públicamente las tratativas y vínculos del Gobierno de Correa con las FARC aunque Quito alega “razones humanitarias” que fueron negociaciones para tratar para liberar a los secuestrados en poder de la guerrilla colombiana: O sea el Presidente ecuatoriano quería emular a Chávez como un “héroe” en la liberación de rehenes de las FARC sin tener Ecuador porque involucrarse en el asunto, que se sepa no hay ningún ecuatoriano secuestrado por las FARC como si hay aparte de colombianos, venezolanos y la colombo-francesa Ingrid Betancourt.

Es bueno que la FARC haya liberado rehenes –quedan aún muchos mas que ya llevan casi 10 años secuestrados- pero de ahí a alabar a líderes narcoterroristas como lo hace Chávez o a permitir santuarios de las FARC dentro de la “soberanía ecuatoriana” como lo hace Rafael Correa hay mucha diferencia.

Nuestros países deben exigir mas bien la inmediata liberación de absolutamente todos los rehenes de las FARC y que la guerrilla colombiana entregue las armas y deje de desangrar –desde hace 45 años- al pueblo de Colombia.

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