OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: ¿OTRA OFICINA MAS?

Recientemente el Gobierno del Presidente Alan García creó mediante Decreto Supremo 085-2007-PCM una nueva criatura: La Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), ente burocrático encargado de luchar contra la corrupción teniendo como su primer “zar” o “zarina” a la Jueza Carolina Lizarraga como Jefa de esa Institución al mismo tiempo que la decreto desactiva el Consejo Nacional Anticorrupción creado en el anterior gobierno: Es decir se desactiva una oficina para crear otra prácticamente igual con las mismas responsabilidades queriendo de esta forma el Gobierno mostrar una imagen de anticorrupción que no parece debido a los últimos escándalos de corrupción precisamente que salpican al régimen aprista por los casos –solo por mostrar unos casos- de las frustradas compras de patrulleros chinos y materiales antimotines para la Policía Nacional donde se encontraron serios indicios de sobrevaloración y graves irregularidades en el proceso seguido por el sector encargado de dichas adquisiones: el Ministerio del Interior; de cuyo titular Luis Alva Castro se esperaba que no cometiera los mismos errores de su predecesora Pilar Mazetti a quien el aprismo criticó con inusual dureza y promovió su destitución en contraste con el benigno trato recibido por Alva Castro.


El actual Ministro del Interior, que es compañero de partido y ex ministro de Economía del primer gobierno de Alan García se libró de una censura del Congreso gracias a la ayuda de la bancada aprista y fujimorista pese a que las investigaciones continúan.

Inclusive la bancada del partido de la estrella frustró una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso –que investiga estos casos- ya que los congresistas apristas Aurelio Pastor, Javier Velásquez y Mauricio Mulder abandonaron dicha sesión dejando a esta sin el quórum requerido provocando el abrupto término de la misma.

No estamos en contra de la flamante Oficina Nacional Anticorrupción pero instituciones del Estado que cumplen funciones de control, fiscalización y/o lucha contra la corrupción tenemos como la Contraloría General de la República, CONSUCODE, Ministerio Público o la misma Comisión de Fiscalización del Congreso y otros que conforman en la práctica un sistema nacional anticorrupción cada una con atribuciones bien definidas y desarrolladas.

El Perú tiene mas de 29 mil leyes y entes suficientes existentes para luchar contra la corrupción: Lo que se necesita es simplemente que las instituciones que ya cuentan con la experiencia ganada sigan trabajando y deben ser fortalecidas y respaldadas y no entorpecidas o maniatadas; y al mismo tiempo los ciudadanos exijamos transparencia y criterio de la misma forma que respetamos las normas y el orden y sobre todo nuestros funcionarios aprendan a cultivar altos principios que defiendan verdaderamente los intereses del Estado y del bien común ya que sin estas consideraciones las nuevas leyes y oficinas anticorrupción poco pueden hacer.